TURBIO
Corea del Sur lanza una ofensiva contra la proliferación de deepfakes sexuales en sus escuelas
Los deepfakes sexuales se han convertido en un verdadero problema en Corea del Sur, un país que, ahora, trata de luchar contra el número creciente de casos.
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Corea del Sur se enfrenta a una creciente crisis de delitos sexuales digitales que ha encendido las alarmas en las autoridades y organizaciones feministas. En un preocupante fenómeno, estudiantes y jóvenes surcoreanos están utilizando inteligencia artificial para crear y distribuir imágenes y videos sexuales falsos de compañeras de clase, profesoras y, en algunos casos, familiares, lo que ha desatado una ola de indignación y miedo en todo el país.
El presidente Yoon Suk Yeol ha ordenado una ofensiva contundente para frenar esta alarmante tendencia, que ha encontrado en plataformas como Telegram un caldo de cultivo ideal. Se estima que hasta 220 mil personas están involucradas en la creación y compartición de este contenido ilícito, afectando a mujeres de todas las edades, incluidas niñas menores de edad.
Según datos recientes, en los primeros siete meses del año se han reportado casi 300 casos relacionados con deepfakes sexuales, un aumento significativo respecto al año anterior. De los sospechosos identificados, la mayoría son adolescentes, lo que pone de relieve la necesidad urgente de medidas educativas y preventivas para frenar este tipo de comportamientos desde una edad temprana. En muchos casos, los jóvenes utilizan fotografías casuales de redes sociales, transformándolas en material explícito que luego se comparte en grupos cerrados de Telegram, donde los miembros deben contribuir con más contenido similar para poder acceder.
A pesar de que la legislación surcoreana prevé penas de hasta cinco años de prisión o multas de 50 millones de wones para los responsables, la cultura de la impunidad sigue siendo un desafío. Muchas víctimas, por vergüenza o miedo, optan por no denunciar, lo que dificulta la labor de las autoridades. Así pues, el gobierno surcoreano ha anunciado una campaña de siete meses para perseguir a los responsables y proteger a las posibles víctimas, pero activistas y organizaciones feministas insisten en que es fundamental un cambio cultural profundo para erradicar este tipo de delitos y ofrecer un apoyo real a quienes sufren sus consecuencias.
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