Vegetta opina sobre la Ley de Comunicación Audiovisual: "España no deja expresarse libremente"

Se avecinan cambios enormes en el panorama streamer a nivel legal, y parece que los afectados por la misma no están nada contentos con el asunto. Todo ha sido a raíz de un vídeo del youtuber y abogado Rubén Gisbert, que ha analizado con mucha preocupación la nueva Ley de Comunicación Audiovisual (que ya tratamos la semana pasada).

Gisbert se describe a sí mismo como "un jurista que se dedica a la divulgación política" y su objetivo es "difundir los principios de la ciencia política que estructuran e instituyen la democracia formal". Con esa presentación, y hablando de la regulación streamer, habla muy claro desde el título de su último vídeo: "NUEVA LEY MORDAZA y de SAQUEO para INFLUENCERS".

"El Gobierno pretende ejercer una coerciónpara censurar los contenidos que se pueden emitir", comienza. "Se te considera comunicador audiovisual español cuando tengas un vínculo económico en España, y esto es una locura desde el punto de vista jurídico". Como todo dentro de esta normativa, está abierto a su interpretación.

Rubén argumenta que si te vas a hacer lo mismo que hacías en España pero a otro país no debería aplicarse ese trato. Pero claro, si tu público es mayoritariamente español, y comentas asuntos que suceden en tu país de origen y tratas habitualmente con otros streamers que viven allí, pues a lo mejor no es tanta locura. Es el mismo trato que se le da a televisiones, periódicos o emisoras de radio, medios a los que los creadores más importantes a veces superan en visitas.

Vegetta ha sido uno de los que se ha escandalizado al oír sus palabras, con un tuit muy claro sobre su postura: "¿Esto es real? Porque de ser así, el Gobierno de España ya no deja ni que te puedas expresar libremente. Ni emprender, ni hacer tu vida en otro país, si así lo deseas. Me informaré bien, para saber qué medidas se pueden tomar de ser cierto esto".

No ha sido ni mucho menos el único, y es previsible que corra la voz todavía más, porque algunos de los puntos que toca Gisbert en su vídeo son incontestables. Por ejemplo, lo de la "migración de patrocinios" que está yendo más hacia el ámbito de internet o los influencers. Sin embargo, él mismo reconoce que "lo que se pretende es conseguir un equilibrio entre los agentes que hacen publicidad", una práctica habitual en cualquier sector empresarial.

En uno de los puntos más 'dolorosos', Rubén entiende, leyendo artículo a artículo, que el Estado podrá "cerrar un canal por lo que ellos entiendan como desinformación", algo que también se aplica a cualquier área comunicativa o concesión estatal. Se trata de una herramienta que se ha utilizado en contadísimas ocasiones, con mayor o menor fortuna, pero que a priori no supone un apocalipsis dictatorial. Y si así fuera -que podría ser-, hubo un momento en el que cualquier afectado podría haber reclamado.

Leyendo el texto hay pocas dudas de que los que escriben estas leyes están poco familiarizados con el lenguaje, hábitos y consumos de internet, algo en lo que Rubén insiste, pero en ningún momento de los 22 minutos que dedica al tema menciona que hubo un período de consultas, antes de la aprobación definitiva.

Hace unos meses desde Flooxer Now preguntamos a agencias y creadores de muchos millones de followers sobre su opinión sobre lo que entonces era una propuesta, y ninguno de los consultados sabía de la existencia de la misma hasta que no lo mencionamos nosotros. No hay constancia de que se recibiera ni una sola contestación o propuesta de enmienda.

Preguntados por el tema hoy mismo, creadores de muchísimo peso en el sector nos dicen off the record que "es increíble lo que nos quieren hacer, nos quieren sacar [pasta] por todos los lados". Al mismo tiempo, confiesan que no se pusieron en contacto con sus representantes legales cuando oyeron, hace tiempo, el proyecto de ley que se preparaba.

Gisbert dedica tiempo en su vídeo a las sanciones millonarias a las que se podrían enfrentar los streamers en caso de saltarse normas básicas, que son tres: "Darse de alta en un registro de comunicadores en el ámbito audiovisual, dar el número de mujeres y proporción que forman parte de la administración de su empresa, y disponer de un punto de contacto con el prestador a disposición del espectador".

Siendo más concretos se considera a los creadores grandes ("usuarios de especial relevancia") equivalentes a "prestadores de servicios, como un medio de comunicación", afirma Gisbert. Y las multas por no cumplir los requerimientos van desde los 30.000 euros para los creadores que facturen menos de dos millones de euros, hasta los 750.000 para aquellos que superen esa cifra. Que ya son unos cuantos.

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